Sindicato Minero de Canela prepara querella por robo de 72 millones de proyecto FNDR

El Consejo Regional acordó  prestar todo el apoyo y la colaboración al Sindicato Minero Nueva Esperanza  de Canela, afectado por una demanda presentada en su contra por la  empresa Portilla, por el no pago de la obra de construcción de la planta gravimétrica  para el tratamiento de concentrado de oro, cuyos dineros fueron robados por un ex funcionario de la seremi de minería, quien fue mandatado por el  entonces Seremi Roberto Vega para dicho pago y en lugar de aquello se apropió de los seis vale vista, dejando impaga la obra.

La situación legal que afecta al Sindicato minero, y que data del año 2020, fue expuesta ante la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía del CORE, por el actual presidente del sindicato minero, Oscar Cortés, quien señaló que, ante este proceso legal en curso en su contra, el sindicato   va a demandar al ex funcionario de la SEREMI de Minería Patricio Bolbarán y a quienes resulten responsables por el daño causado al gremio.

“Lo que esta persona hizo fue un abuso de confianza que existía por parte del sindicato, porque había un trabajo previo y producto de esa relación había una confianza y esta persona bajo la orden del ex seremi Roberto Vega, debería haber entregado estos dineros a la empresa Portilla, pero eso no fue así, dejando al sindicato con esa deuda. Ahora, el sindicato está empezando a tomar acciones legales, para esclarecer toda esta situación, porque este no tiene esos fondos, porque un tercero se aprovechó del desconocimiento y de la vulnerabilidad del sindicato y los robó”, manifestó    el dirigente Oscar Cortés.

Según el dirigente, en total son 42 mineros inscritos en el sindicato, y otros tantos que no son asociados al gremio, pero que trabajan como personas naturales y que se han visto afectados con esta situación, porque no han podido maquilar sus minerales en la planta porque esta se encuentra paralizada debido a este conflicto legal.

En cuanto a las acciones que el Gobierno Regional ha efectuado en torno a este caso, la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía del CORE, que preside el consejero Pedro Valencia, acordó solicitar al departamento jurídico del GORE, informar de las acciones judiciales realizadas respecto del dinero que el ex funcionario de la Seremi de minería cobró.

“Hoy día los mineros están en una situación compleja porque fueron demandados por la empresa que construyó la planta y a quienes no les llegó esta plata porque fue robada por este funcionario. Son 72 millones 200 mil de pesos que se adeudan y que se lo están cobrando al sindicato Nosotros solicitamos en la sesión de consejo, que el Gobierno Regional tomara parte de este proceso. La gobernadora nos señaló que hay una querella que está en curso y lo que solicitamos en este caso, es apurar el proceso porque hay una persona que robó y que anda libremente por la calle y a los mineros se les cobran esos dineros”, apuntó el consejero Pedro Valencia.

Valencia  agrega que  “además del dinero robado, la planta fue mal diseñada   y  para que pueda funcionar  necesita de  una inversión de alrededor de  100 millones de pesos,  recursos a los cuales los mineros  no pueden acceder  porque, producto de este robo, el sindicato  mantiene una deuda con el gobierno regional, porque  ellos figuran como deudores, y no han podido rendir,  de manera que el daño que se ha hecho ha sido grave y tremendo para una comuna como Canela,, donde  gente de mucho esfuerzo que hoy día no puede  trabajar como corresponde”  argumentó el consejero

La Planta de Canela

Según lo explicado por la Seremi de Minería, Constanza Espinoza, la planta minera de Canela se construyó  mediante cinco proyectos distintos, que se fueron complementando, cada uno con nombres distintos; de seguridad minera y de potenciamiento de la productividad, entre otros, y con los cuales se fueron financiando las distintas etapas.  Los 72 millones corresponden al último proyecto FNDR y para el cual se entregaron 6 vale vistas abiertos y se cobran de manera irregular por un funcionario de la seremi de Minería, que es lo que se tiene que investigar. Esos son los hechos constitutivos de este  pleito y de los que se espera   pase a la justicia, para que se investigue.

En el intertanto, mientras este conflicto legal no se aclare, los mineros de Canela están a la deriva, sin poder regularizar sus faenas y sin contar con un apoyo que les permita ejercer su labor extractiva que les permita mantener a sus familias

El presidente del gremio de canela, Oscar Cortés señaló que confían en que la seremi de minería   pueda avanzar en las gestiones administrativas con el Gobierno Regional, para que se les dé curso a los proyectos FNDR que se encuentran en manos del Gobierno Regional para su financiamiento, a los que les faltaría solo la toma de razón de la Contraloría Regional, correspondiéndole la última palabra a la Gobernadora Krist Naranjo.  

Consultada la seremi de minería, Constanza Espinoza, sobre las posibles soluciones a la problemática que enfrenta el sindicato de Canela y los mineros en particular, la profesional precisa.  

“Mientras nosotros no tengamos fondos, no podemos apoyar a los mineros de Canela, pero sí se está apoyando a través de recursos de la Delegación Presidencial, con equipos de perforación y distintos elementos que permitan mejorar la productividad y la producción de minerales en esa zona, y por supuesto, una vez que podamos optar a los recursos del FNDR, la intención es regularizar a la mayor cantidad de mineros posibles “, afirmó la seremi.

La profesional dijo que, la falta de oficinas mineras que lleven un control de las faenas que, en la región, ha dado lugar al origen de plantas irregulares, a la venta de minerales de manera clandestina, y al tráfico de minerales, porque no existe un organismo fiscalizador. A eso se suma que los planes de explotación y cierre de faenas duran dos años y las oficinas llevan cerradas dos años y medio, por eso que es importante que el Gobierno Regional libere los fondos para la apertura de las oficinas porque la seremi de Minería es el único servicio con las competencias para poder regularizar a los mineros.